Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta 2017 se tiene registro de 3 mil 977 empresas de seguridad privada en México, cifra que sólo representa a las legales, en las cuales los empleados pueden aspirar a tener una mejor preparación, salario y prestaciones.

En contraste, hay casi 8 mil corporativos que operan de manera ilegal, en los cuales los trabajadores no reciben capacitación, tienen jornadas extenuantes, sueldos bajos y en muchos casos sin las prestaciones básicas.

De acuerdo con el comandante Arnulfo Garibo, director de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares del Ramo (Conesprysir), si cada empresa requiere un mínimo de 60 elementos, en el país hay alrededor de 480 mil guardias que operan ilícitamente.

Uno de los principales obstáculos para que se produzca la regulación de las empresas de seguridad ilegales es la burocracia, ya que en muchos estados las licencias para brindar servicios de seguridad únicamente tienen validez por 12 meses, por lo que las compañías tienen que pagar 167 pesos por cada elemento, 51 pesos por arma, 5 mil pesos por autorización o revalidación e incluso una cuota de 15 mil pesos, según los servicios que prestan.

De las tres mil empresas que funcionan en México como guardias de seguridad privada en la entrada de librerías, restaurantes o comercios, el sector donde más impera la ilegalidad, dos de cada diez, es decir, 649, se ubican en la Ciudad de México, además de que Jalisco y Estado de México son otros sitios fundamentales de este mercado.

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