De las 460 empresas de seguridad privada que operaban el año pasado en Puebla, apenas el 13 por ciento logró acreditarse ante la Secretaría General de Gobierno (SGG) para prestar sus servicios, esto debido a la depuración que se originó por la aprobación en marzo de 2014 de la ley en la materia propuesta por el gobierno estatal.

Lo anterior se aprecia en el listado de empresas avaladas por las autoridades, publicado con corte al 4 de febrero en la página web de la SGG (sgg.puebla.gob.mx) a través de la Dirección General de Seguridad Privada.

Según información proporcionada a inicios de este año por el titular de dicha dependencia, Luis Maldonado Venegas, el año pasado ejercían 460 empresas de seguridad privada, de las cuales dijo que 120 estaban acreditadas, es decir, el 26 por ciento.

No obstante, solamente aparecen 62 acreditadas en el listado, en donde también se aprecia que 13 están en proceso de revalidación anual ante la SGG y otras 14 aparecen con la autorización expirada.

La regulación de estas empresas se concretó con la aprobación que hizo el 14 de marzo de 2014 el Congreso local de la Ley de Seguridad Privada del Estado, la cual fue propuesta por el gobierno estatal ese mismo mes.

Según esta Ley, en el artículo 17, está prohibido prestar servicios de seguridad privada dentro del estado sin previa autorización de la SGG, independientemente de haber obtenido autorización previa en la Federación.

El incumplimiento de la normatividad dará origen a la imposición de una o más de las siguientes sanciones: amonestación pública, con difusión en la página de internet de la SGG; una multa de 33 mil 225 a 332 mil 250 pesos; la clausura de la matriz y sucursales y revocación de la autorización, según el artículo 38.

Según el listado, dentro de las modalidades autorizadas para su operación se encuentran: Seguridad Privada en los Bienes, Seguridad de Bienes en el Traslado de Bienes y Valores, Seguridad Privada a Personas y Actividades Relacionadas con Consultoría en la materia.

Maldonado Venegas ha acusado que, antes de su regulación, estas empresas eran “refugio” de policías expulsados de corporaciones de otros estados y por ende generaban condiciones de inseguridad para quienes las contrataban y para la sociedad en general.

De acuerdo con una investigación que realizó este medio de comunicación basada en datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pocos días después de ser aprobada la Ley antes mencionada, alrededor del 50 por ciento de las empresas de seguridad privada que estaban activas en ese entonces, operaban con permisos estatales que ya habían expirado puesto que algunas de ellas no habían renovado su licencia desde marzo de 2013.

Se informó que al menos 45 firmas de las 91 que estaban activas en la entidad poblana no habían refrendado su licencia. Hasta ese momento la Procuraduría General de Justicia (PGJ) había expedido 158 registros para prestar servicios de seguridad privada, de esas empresas, 49 tenían revocado su permiso, seis ya habían cerrado operaciones y 11 ya habían suspendido actividades.

Escrito por: Aldo MiguelEl Sol de Puebla
10 de febrero de 2015